Cuando Carlos Andrés Pérez (CAP) asumió su primera presidencia a comienzos de 1974 se encontró con un aumento súbito de los precios del petróleo. Creyó que la mejor forma de desarrollar el país era ampliando el ámbito del Estado en la economía y con unas regulaciones de precios de los bienes y servicios de la cual no se salvaron ni las areperas. Hasta los comerciantes modestos llegó la mano asfixiante del gobierno en una acción que mientras más abarcaba más ineficiente se tornaba. Con cotizaciones del petróleo que saltaron desde US$ 3,6 por barril en 1973 hasta US$ 10,3 por barril en 1974 (un aumento de 186%), creyeron los conductores de la política económica que el país daría un salto cuántico que colocaría a Venezuela en el umbral del desarrollo. Efectivamente, se operó el salto, pero al vacío y a partir de 1974, el país perdió la noción de que las cosas costaban y que lo que aparentemente regalaba el Estado en forma de subsidios generalizados lo hacía al precio de sacrificar recursos que hubiesen sido invertidos en educación, salud e infraestructura, la mejor forma de gastar que puede realizar el sector público.

La contabilidad se sustituyó por el jolgorio y la prudencia por el dispendio en el manejo de las finanzas públicas. El nuevoriquismo derrochador se apoderó del país y en medio del festín algunos atinaron a ver la crisis que luego vendría, entre ellos un par de ciudadanos ilustres, hoy difuntos: Juan Pablo Pérez Alfonzo y Jorge Olavarría. Se llenó el país de empresas del Estado que luego tuvieron que ser rematadas a precios irrisorios cuando sus gestiones financieras nunca dejaron de estar en rojo. Para financiar las fallidas empresas públicas, triplicó Venezuela su deuda entre 1974 y 1978, en cinco años nefastos que marcaron el comienzo del final de la estabilidad económica del país. Con Chávez vamos rumbo al fin del comienzo.

La lección no aprendida de CAP I está siendo imitada por el gobierno del presidente Chávez, que desde 2003 tomó un perfil claramente estatista, exacerbado a partir de 2006 cuando Hugo Chávez se abrazó con un fantasma: el modelo cubano de desarrollo que hace del Estado el propietario fundamental de los medios de producción y de los controles de precios, cambio, tasas de interés y salarios, la razón de ser de la política económica. En su paso arrollador, el radio de acción del gobierno no cesa de ampliarse y con él las necesidades de buscar fondos para sufragar su crecimiento y voracidad. Así, ya los ingresos petroleros no son suficientes para enjugar los déficits fiscales y cuando ello ocurre debe recurrirse al expediente del endeudamiento. La deuda pública, sea ésta interna o externa, es la materialización del exceso de gastos sobre los ingresos. Como la plata no alcanza, alguien tiene que prestarle al gobierno y para eso están los bancos de Venezuela y del exterior, prestos a concurrir al llamado de un gobierno ansioso por gastar, usando para ello los depósitos de los ahorristas. Con una administración signada por la austeridad, la honradez en la gestión de los asuntos colectivos y con la promoción del sector privado, no tendría necesidad el país de acumular una deuda pública total que al concluir 2009 estará bordeando los US$ 80.000 millones.

Ese incremento desbocado e injustificado de los pasivos del Estado no habría ocurrido si se hubiese optado por gastar con sensatez, en servicios sociales fundamentales donde existen carencias indignantes en un país en pleno siglo XXI, como son los casos de las deficiencias de sanidad y educación públicas. Prefirió el presidente Chávez lanzarse por el carril de las nacionalizaciones de compañías y acumular en su trayecto una nómina recrecida, foco de una conflictividad social siempre latente. Cuando se compró Sidor, la Electricidad de Caracas o las empresas del cemento, no se creó un solo puesto de trabajo, los activos y la riqueza nacional no variaron sino que cambiaron de mano. La posesión del Estado de los bienes de producción producidos y los de origen natural, como el petróleo, no significa que el país sea más próspero. Es más floreciente una nación cuando se generan más empresas no cuando estas tienen otro dueño.

Al recibirse como presidente, Chávez encontró una deuda pública, incluyendo la de PDVSA, de US$ 32.484 millones. Cuando termine 2009 ese monto estaría en alrededor de US$ 80.000 millones si se cumple el cronograma de emisiones pautados, en el plan de masivo endeudamiento de la nación diseñado por Giordani, Merentes y Rodríguez, y así hacer efectiva la ganancia rápida y sin riesgo para quienes aprovechan el diferencial cambiario. Los cruzados del endeudamiento señalan que esa cifra es baja con relación al tamaño de la economía y se olvidan irresponsablemente de que la nuestra es una economía monoexportadora y que la caracteriza los bandazos, dependiendo de los precios de su exclusivo producto con el cual asiste al comercio internacional. Se trata del mismo argumento que los interesados le vendieron a Carlos Andrés Pérez entre 1974 y 1978 con resultados trágicos para Venezuela. Ojalá que le providencia le conceda a ese trío la oportunidad de ver a futuro el resultado de la destrucción que hoy están gestando.
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